PROBLEMÁTICA ACTUAL SOBRE EL CONFLICTO
EN COPACABANA.
ANTECEDENTES PARA EL ACTUAL PROBLEMA
- El conflicto en
Copacabana quedo solucionado luego de que la Gobernación de La Paz garantizara,
el pasado 12 abril, la construcción de un puente sobre el estrecho de Tiquina,
a la que accedieron los pobladores de la provincia Manko Kapac, a pesar de la oposición
de los lancheros de San Pablo. Este compromiso desactivó nuevas preocupaciones
en el sector pues podría ocurrir nuevamente un descontento, esta vez de los
pobladores lancheros.- El acuerdo, de seis puntos y 16 acápites, fue suscrito a las 02.00
de ayer y en él los campesinos se comprometen a levantar las medidas de presión
y la Policía, a irse replegando de forma paulatina del camino Tiquina-Copacabana,
bloqueado por 14 días por los comunarios, que exigían la construcción de tres
puentes sobre el lago Titicaca.
- La Gobernación tiene 30 días para convencer a los lancheros de San
Pablo.
- En caso de que el sindicato no quiera consensuar, la Asamblea
Departamental sancionará una ley de declaratoria de necesidad y prioridad
departamental la construcción del puente, si los lancheros asumen medidas de
presión, bloqueando el paso de Tiquina, la Gobernación realizará gestiones para
habilitar la vía Desaguadero-Kasani u otra que permita la transitabilidad de
los pobladores de las tres secciones de la provincia Manco Kápac.
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La Gobernación asimismo gestionará la instalación de dos puestos
policiales, uno en San Pedro y otro en San Pablo de Tiquina, con carácter
permanente. En cuanto a las tarifas del transporte lacustre, cuya elevación de
Bs 1,50 a Bs 2 desencadenó el conflicto, el Gobierno Departamental efectuará
gestiones para revisar la estructura de costos.
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Los otros puntos del acuerdo, alcanzados gracias a la mediación de
la Defensoría del Pueblo, establecen que se efectuarán gestiones para revertir
la situación de 26 campesinos que están con medidas sustitutivas e imputados
por tres delitos, devolución de los gastos médicos a los heridos, y de los
bienes decomisados y la provisión de
alimentos y gas de forma permanente al municipio de Tito Yupanqui y a las islas.
El ejecutivo de Manco Kápac, Víctor Condori, advirtió que si no se cumple el
acuerdo “retomarán las medidas de protesta”.
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Un vocero de la Cámara Hotelera reveló ayer que la población cree
que recuperar el flujo habitual de visitantes al Santuario demorará bastante
tiempo, pues los viajeros temerán que en cualquier momento se produzca un nuevo
cierre de las vías camineras. Durante la primera jornada después del conflicto,
muy pocos viajeros llegaron a la capital provincial, uno de los principales
destinos turísticos de La Paz y el país, aunque la situación se normalizó por
completo y los lancheros de Tiquina trabajaron con tranquilidad. La esperanza
está puesta en la fiesta religiosa de Colquepata, del próximo 2 de mayo.
PROBLEMÁTICA
El problema está
ahora en la aparente solución dictaminada por el Gobernador Cocarico, quien aseguró
la construcción de un puente en Tiquina (aceptada por las tres secciones) desechando
el proyecto “Wiñay Marka” (inicialmente gestor del problema). El acuerdo
compromete la estabilidad de un sector que durante muchos años ha desarrollado su
actividad económica en el transporte acuífero. Se habla de consensuar una declaratoria
de necesidad y prioridad departamental , sin embargo si los lancheros asumen
medidas de presión, bloqueando el paso de Tiquina, la Gobernación realizará
gestiones para habilitar la vía Desaguadero-Kasani u otra que permita la
transitabilidad de los pobladores. Pero ¿en qué quedará la situación de los
lancheros de San Pablo?
Tras grandes pérdidas
económicas, detenidos y promesas en ejecución de obras el problema de
Copacabana no ha terminado por completo, la obra aún no tiene fecha de iniciación,
los lancheros saldrán perjudicados económicamente por lo que se deberá encontrar
una nueva solución para ellos. Ante amenazas de medidas de presión y tintes
políticos en el tema, lo cierto es que Copacabana se ha convertido en uno más de
tantos conflictos originados por promesas sin cumplir de autoridades que juegan
con la credibilidad de los sectores sociales.
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