EDITORIAL

Se acabó el plazo y balseros de Tiquina no aceptan la construcción del puente.

El plazo de treinta días para el estudio de la construcción de un puente en el estrecho de Tiquina venció y ante la inminente oleada de conflictos por la que atraviesa el Gobierno y la Gobernación, aún no se ha llegado a ningún acuerdo entre la Federación de Juntas vecinales de San Pedro de Tiquina (Fejuve) y la Asociación de Lancheros 21 de Septiembre, mientras tanto se alistan acciones legales y medidas de presión para frenar su construcción. Si no hay acuerdo, la Asamblea Departamental aprobará una ley que lo declara necesario y prioritario para el departamento.

El 25 de marzo comunarios de la provincia Manco Kapac iniciaron un bloqueo como medida de presión que dejaría aislada a Copacabana durante dieciséis días, exigían la ejecución del proyecto Wiñay Marka que inicialmente fue planteado el 2009 por la entonces prefectura de La Paz, luego de días de negociación  e intensos enfrentamientos entre Policías y campesinos, finalmente se llegó a un acuerdo que viabiliza la construcción de un puente esta vez en el estrecho de Tiquina, sin embargo esta acción anunciaría el inicio de un nuevo conflicto en la Provincia.

Esta vez son los lancheros del estrecho de Tiquina quienes se oponen a la construcción del puente, era de esperarse,  la reacción de este sector ve en el estrecho su fuente de subsistencia económica que durante generaciones generó trabajo a sus familias, quizás la Gobernación no contemplo claramente el impacto económico que tendría este proyecto sobre los bolsillos de los lancheros. Fueron treinta días que la Gobernación de La Paz empleo en el estudio de la zona, empero, estos no fueron suficientes desde un punto de vista pues aún subsisten descontentos entre las partes.

 La Asamblea aprobó una resolución anulando la 1797/2007, que declaraba al estrecho como patrimonio natural e impedía cualquier intervención, este hecho por supuesto no tiene ningún sustento técnico que se haya presentado por parte de la Gobernación ni de la Red Vial Fundamental, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del Gobierno Nacional. De manera que la anulación de la ley permitirá allanar un obstáculo formal que impedía el inicio de obras.

Por el contrario el punto cuarto del  acuerdo firmado por la Gobernación y los comunarios de Manco Kápac dice que en caso de que los lancheros rechacen la propuesta, la Asamblea sancionará una ley declaratoria de necesidad y prioridad departamental por lo que los lancheros se verán afectados ineludiblemente en vez de que se visualizara alternativas ocupacionales para el sector con el fin de llegar a una solución.

En este caso es evidente avizorar el resurgimiento de un nuevo conflicto en el estrecho de Tiquina pues la Fejuve de San Pedro y la Asociación de Lancheros 21 de Septiembre anunciaron un paro para este lunes 27 de mayo inicialmente de 24 horas.