jueves, 30 de mayo de 2013

CASO USAID


Luego de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) fuera echada, al menos 158 funcionarios de dos programas quedaron sin fuente laboral. El presidente Evo Morales apuesta por un retiro ordenado y razonable sin perjudicar a las comunidades que se beneficiaban de sus proyectos.

Mientras que La expulsión de una institución de Estados Unidos es la tercera que realiza el gobernante desde que llegó al poder en enero de 2006. En 2008, Morales echó al embajador, Philip Goldberg, acusado de conspirar con la oposición, y en noviembre del mismo año, pidió la retirada de la agencia antidroga del país norteño por presunto espionaje. La (Usaid) operaba en Bolivia desde 1964 y contaba con uno de los fondos, infraestructuras, flota de automóviles y despliegue de agentes más grande de todas las organizaciones extranjeras existentes en Bolivia. Así convirtió en el segundo país del mundo en expulsar a la Usaid, precedido por Rusia en octubre de 2012. El pasado 1º de mayo el Presidente Evo Morales expulsó a USAID del país, acusándolo de injerencia política en sindicatos campesinos. Su decisión fue entremezclada con críticas contra el Gobierno de Estados Unidos, al cual exigió “respeto” para la región latinoamericana. El respeto que se  les debió dar a los más de cien trabajadores dependientes de estos organismos.

Aunque pareciera simple que tras la decisión presidencial abandone el país una entidad de apoyo económico, el asunto no es tan sencillo y por lo que se tardara dos meses para que Usaid retire sus pertenencias y su personal de Bolivia y se vaya a su país. Deben cerrarse programas, acabar algunos proyectos, dejar limpios ciertos trámites y recién emprender su viaje.

Cuando se suspendió el Atpdea, un instrumento arancelario que servía mucho a los exportadores bolivianos, se sintió el efecto de aquella medida, pues ahora se la quiere revertir para que siga favoreciendo a nuestras exportaciones el país del Norte, donde compraban y pagaban muy bien y, en tiempo breve, lo que no sucede con ninguno de los mercados alternativos que buscó nuestro gobierno, caso Venezuela, donde compran algo pero demoran bastante para pagar.

Lo mismo puede suceder en el tiempo con Usaid, que según sus ejecutivos negaron de manera contundente las sindicaciones que se les hizo de injerencia en asuntos de Estado con fines para desestabilizar el régimen constitucional boliviano, que entre otras cosas no tiene las pruebas que exigieron los afectados y lamentaron la determinación de alejarlos del país, donde todavía cumplen labores de ayuda social. Mientras tanto y como es lógico, hay movimientos sociales que apoyan la medida y están esperando la salida de Usaid, como también hay corrientes ciudadanas que lamentan el hecho señalando que en todo caso los sectores más empobrecidos y que tenían la ayuda sentirán esa ausencia.

La verdad es que la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Planificación trabaja de manera conjunta para definir los procedimientos y las normas administrativas que sustentarán el retiro de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) de Bolivia.
Entre USAID y NAS son más o menos 50 personas, pero indirectamente dentro de la embajada hay más personas que van a perder su trabajo porque estaban apoyando el trabajo de USAID y NAS además fuera hay muchas personas que trabajaban sobre los proyectos, hay contratistas, hay socios que ya no van a poder continuar con su trabajo, es imposible saber precisamente cuántas pero serán cientos de personas.

jueves, 23 de mayo de 2013

EDITORIAL


Se acabó el plazo y balseros de Tiquina no aceptan la construcción del puente.

El plazo de treinta días para el estudio de la construcción de un puente en el estrecho de Tiquina venció y ante la inminente oleada de conflictos por la que atraviesa el Gobierno y la Gobernación, aún no se ha llegado a ningún acuerdo entre la Federación de Juntas vecinales de San Pedro de Tiquina (Fejuve) y la Asociación de Lancheros 21 de Septiembre, mientras tanto se alistan acciones legales y medidas de presión para frenar su construcción. Si no hay acuerdo, la Asamblea Departamental aprobará una ley que lo declara necesario y prioritario para el departamento.
El 25 de marzo comunarios de la provincia Manco Kapac iniciaron un bloqueo como medida de presión que dejaría aislada a Copacabana durante dieciséis días, exigían la ejecución del proyecto Wiñay Marka que inicialmente fue planteado el 2009 por la entonces prefectura de La Paz, luego de días de negociación  e intensos enfrentamientos entre Policías y campesinos, finalmente se llegó a un acuerdo que viabiliza la construcción de un puente esta vez en el estrecho de Tiquina, sin embargo esta acción anunciaría el inicio de un nuevo conflicto en la Provincia.
Esta vez son los lancheros del estrecho de Tiquina quienes se oponen a la construcción del puente, era de esperarse,  la reacción de este sector ve en el estrecho su fuente de subsistencia económica que durante generaciones generó trabajo a sus familias, quizás la Gobernación no contemplo claramente el impacto económico que tendría este proyecto sobre los bolsillos de los lancheros. Fueron treinta días que la Gobernación de La Paz empleo en el estudio de la zona, empero, estos no fueron suficientes desde un punto de vista pues aún subsisten descontentos entre las partes.
 La Asamblea aprobó una resolución anulando la 1797/2007, que declaraba al estrecho como patrimonio natural e impedía cualquier intervención, este hecho por supuesto no tiene ningún sustento técnico que se haya presentado por parte de la Gobernación ni de la Red Vial Fundamental, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del Gobierno Nacional. De manera que la anulación de la ley permitirá allanar un obstáculo formal que impedía el inicio de obras.
Por el contrario el punto cuarto del  acuerdo firmado por la Gobernación y los comunarios de Manco Kápac dice que en caso de que los lancheros rechacen la propuesta, la Asamblea sancionará una ley declaratoria de necesidad y prioridad departamental por lo que los lancheros se verán afectados ineludiblemente en vez de que se visualizara alternativas ocupacionales para el sector con el fin de llegar a una solución.
En este caso es evidente avizorar el resurgimiento de un nuevo conflicto en el estrecho de Tiquina pues la Fejuve de San Pedro y la Asociación de Lancheros 21 de Septiembre anunciaron un paro para este lunes 27 de mayo inicialmente de 24 horas.

jueves, 9 de mayo de 2013

LED- CONFLICTO EN COPACABANA


CONFLÍCTO EN COPACABANA – LED.

Con treinta días para convencer a los lancheros y sólo tres días para la fecha provista, el gobernador de La Paz, César Cocarico aún no ha logrado convencerlos de la necesidad de construir un puente en el estrecho de Tiiquina.

jueves, 2 de mayo de 2013

PROBLEMÁTICA ACTUAL SOBRE EL CONFLICTO EN COPACABANA.


PROBLEMÁTICA ACTUAL SOBRE EL CONFLICTO EN COPACABANA.

ANTECEDENTES PARA EL ACTUAL PROBLEMA


-   El conflicto en Copacabana quedo solucionado luego de que la Gobernación de La Paz garantizara, el pasado 12 abril, la construcción de un puente sobre el estrecho de Tiquina, a la que accedieron los pobladores de la provincia Manko Kapac, a pesar de la oposición de los lancheros de San Pablo. Este compromiso desactivó nuevas preocupaciones en el sector pues podría ocurrir nuevamente un descontento, esta vez de los pobladores lancheros.-     El acuerdo, de seis puntos y 16 acápites, fue suscrito a las 02.00 de ayer y en él los campesinos se comprometen a levantar las medidas de presión y la Policía, a irse replegando de forma paulatina del camino Tiquina-Copacabana, bloqueado por 14 días por los comunarios, que exigían la construcción de tres puentes sobre el lago Titicaca.
-         La Gobernación tiene 30 días para convencer a los lancheros de San Pablo.
-       En caso de que el sindicato no quiera consensuar, la Asamblea Departamental sancionará una ley de declaratoria de necesidad y prioridad departamental la construcción del puente, si los lancheros asumen medidas de presión, bloqueando el paso de Tiquina, la Gobernación realizará gestiones para habilitar la vía Desaguadero-Kasani u otra que permita la transitabilidad de los pobladores de las tres secciones de la provincia Manco Kápac.
-          La Gobernación asimismo gestionará la instalación de dos puestos policiales, uno en San Pedro y otro en San Pablo de Tiquina, con carácter permanente. En cuanto a las tarifas del transporte lacustre, cuya elevación de Bs 1,50 a Bs 2 desencadenó el conflicto, el Gobierno Departamental efectuará gestiones para revisar la estructura de costos.
-          Los otros puntos del acuerdo, alcanzados gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, establecen que se efectuarán gestiones para revertir la situación de 26 campesinos que están con medidas sustitutivas e imputados por tres delitos, devolución de los gastos médicos a los heridos, y de los bienes decomisados  y la provisión de alimentos y gas de forma permanente al municipio de Tito Yupanqui y a las islas. El ejecutivo de Manco Kápac, Víctor Condori, advirtió que si no se cumple el acuerdo “retomarán las medidas de protesta”. 
-          Un vocero de la Cámara Hotelera reveló ayer que la población cree que recuperar el flujo habitual de visitantes al Santuario demorará bastante tiempo, pues los viajeros temerán que en cualquier momento se produzca un nuevo cierre de las vías camineras. Durante la primera jornada después del conflicto, muy pocos viajeros llegaron a la capital provincial, uno de los principales destinos turísticos de La Paz y el país, aunque la situación se normalizó por completo y los lancheros de Tiquina trabajaron con tranquilidad. La esperanza está puesta en la fiesta religiosa de Colquepata, del próximo 2 de mayo.

PROBLEMÁTICA
El problema está ahora en la aparente solución dictaminada por el Gobernador Cocarico, quien aseguró la construcción de un puente en Tiquina (aceptada por las tres secciones) desechando el proyecto “Wiñay Marka” (inicialmente gestor del problema). El acuerdo compromete la estabilidad de un sector que durante muchos años ha desarrollado su actividad económica en el transporte acuífero. Se habla de consensuar una declaratoria de necesidad y prioridad departamental , sin embargo si los lancheros asumen medidas de presión, bloqueando el paso de Tiquina, la Gobernación realizará gestiones para habilitar la vía Desaguadero-Kasani u otra que permita la transitabilidad de los pobladores. Pero ¿en qué quedará la situación de los lancheros de San Pablo?
Tras grandes pérdidas económicas, detenidos y promesas en ejecución de obras el problema de Copacabana no ha terminado por completo, la obra aún no tiene fecha de iniciación, los lancheros saldrán perjudicados económicamente por lo que se deberá encontrar una nueva solución para ellos. Ante amenazas de medidas de presión y tintes políticos en el tema, lo cierto es que Copacabana se ha convertido en uno más de tantos conflictos originados por promesas sin cumplir de autoridades que juegan con la credibilidad de los sectores sociales.