NUEVA LEY DE PENSIONES

Después de más de dos semanas de huelgas y marchas, represión y enfrentamientos, lo cierto es que el plazo verbal entre el Gobierno y los trabajadores asalariados venció y lo que ahora se analiza es la sostenibilidad de las peticiones del sector asalariado.

El pasado 21 de junio venció el plazo para incorporar los 34 artículos revisados por el legislativo, sin embargo el debate sobre los daños laborables se desarrolla por la petición de la  Central Obrera Boliviana, quien reclama reciban un trato similar en el sistema de pensiones de jubilación, el que beneficia a los militares con el cien por ciento.  

Basados en la Constitución y la Ley 045 la petición de los trabajadores debería ser por completo razonable, pues debería  garantizar de forma igualitaria el sistema de jubilación, por otro lado también se ve la quien administrará los aportes. Si lo primero ocurre y como ha revelado el Gobierno, en treinta años el sistema de pensiones colapsará dejando en la incertidumbre a miles de futuros jubilados y si no ocurre obligara a los trabajadores a tener una vida laboral más larga.

Cabe decir también que si el Estado forma parte de la administración de estos fondos  existe el peligro de que  la inversión de los aportes sea destinada a proyectos ajenos al interés de los aportantes y en ese caso, los aportantes no podrán afrontar con seguridad las obligaciones de pagar las prestaciones.

Entonces una solución a este conflicto debe garantizar condiciones equitativas lo que será económicamente imposible si se lo hace al cien por ciento, lo justo sería que, tanto como militares y obreros, reciban el setenta por ciento que propone el Gobierno. Pero no estamos absueltos del surgimiento de nuevos problemas. En este acierto se avizoraría nuevos conflictos con los militares.

 Y como ocurrió con los médicos la solución del gobierno será reducir las horas de trabajo.